Vergüenza propia y ajena…

Los políticos y sus asociados inmobiliarios -toda corrupción en formato legal.

La demolición de casas y edificios de valor patrimonial sigue siendo un tema pendiente y una sorpresa para vecinos que ven de la noche a la mañana cómo cambia la fisonomía barrial.

Marina Gambier

LA NACION

Así nomás, de la noche a la mañana, en los primeros días de abril amaneció en ruinas la casa de Morelos 435, en Caballito.

Quienes habían denunciado su estado de abandono -y a la topadora a punto de pasarle por encima- encontraron efectivamente los escombros de la vivienda de estilo Art Nouveau proyectada a principios del siglo pasado por el arquitecto italiano Jacobo Storti, autor de otras residenciales en Buenos Aires y Santa Fe.

No vivía nadie allí, pero cada tanto alguien se daba una vuelta, comentaban los vecinos, preocupados por el destino del predio. Entre otros inmuebles “desaparecidos” en 2020 y lo que va de 2021 figuran los edificios militares de la calle Clay, en Palermo, incluida la Sastrería Militar donde en breve levantarán un conjunto de torres.

También rondan las máquinas cerca de otra casona de dos plantas ubicada en la calle Virrey del Pino, legalmente desamparada como tantos inmuebles y parcelas históricas de la ciudad.

Un catálogo patrimonial incompleto

Nada nuevo. Dentro del territorio porteño existen cerca de 140.000 edificaciones anteriores a 1941 de las cuales solo unas 18.000 son consideradas de valor patrimonial, aunque menos de 3000 cuentan con protección legal específica.

La mayoría se concentra en las comunas 1 y 2, pero en el resto de los barrios de Buenos Aires hay miles esperando alguna clase de piedad.

La ley 2548, y su continuación la 3056, protegía los inmuebles anteriores a 1941 y establecía procedimientos para catalogarlos.

Extrañamente esa ley tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2011, lo que entonces hubiera allanado el camino a los desarrolladores inmobiliarios para solicitar demoliciones.

Basta de Demoler junto con la Fundación Ciudad y SOS Caballito presentó entonces un amparo alertando la urgencia de evitarlas” recuerda María Carmen Arias Usandivaras, presidenta de la ONG.

“En diciembre de 2011 la justicia dictó la ley 2548, y su continuación la 3056, protegía los inmuebles anteriores a 1941 y establecía procedimientos para catalogarlos.

El gobierno se vio obligado a contratar a la FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA) para realizar el trabajo”.

Sin embargo, ese catálogo nunca se completó.

Como resultado de una primera revisión el CAAP consideró que 18.195 inmuebles merecían sobrevivir en el paisaje urbano, es decir, apenas el 13 % de lo estimado en los registros catastrales, y entre los que seguramente quedó afuera la casa del arquitecto Storti.

En marzo último Basta de Demoler elevó un pedido de informes a las autoridades de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) y a la Legislatura local sobre el paradero de la documentación relevada por la FADU, y el de las propiedades que quedaron fuera del paraguas.

“Por eso decimos que el resto de los inmuebles se encuentra en un limbo patrimonial, en riesgo de obtener permiso de demolición y de que el CAAP uno a uno los vaya autorizando por no estar catalogados o, al menos, evaluados.

Esto motivó el encendido de alarma. Día a día se otorgan permisos de demolición para estos inmuebles sin evaluar, e incluso para los que fueron descatalogados luego de que el CAAP, en segunda oportunidad, los clasificara sin oportunidad, los clasificara sin valores que resguardar”.

Según la organización, en su momento las reuniones de evaluación eran semanales y la suerte de las propiedades era decidida a través de fotografías por una mayoría de arquitectos no necesariamente autorizados.

“Hasta desestimaron cientos de edificios en una sola reunión.

Solo por ello debiera ser auditado.

El CAAP continúa activo y no es posible asistir a las reuniones como oyente.

Las resoluciones se conocen cuando se publican en el Boletín Oficial“, aclara Arias Usandivaras.

Por otra parte, agrega, la cifra revisada no concuerda con la que originalmente figuraba publicada en la Web oficial: 16.831 inmuebles.

“El gobierno nos contestó el 31 de marzo pasado que entre los años 2008 y 2014 solamente se enviaron 3131 y se catalogaron 2016 propiedades. El resto no se trató.

Pedimos que se realice una auditoría al CAAP y a la Dgiur ya que, a pesar de las irregularidades documentadas por vecinos, ONG’s y por los fallos de la Justicia, vemos la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre”.

Marina Gambier
Fuente: La Nación

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