Violencia de género. Argentina.

La historia de las profesionales del mar: Abusos sexuales, discriminación y violencia. Argentina.Mujeres sufriendo aberrantes situaciones ante la ceguera de la Justicia.

Las que no pueden trabajar por ser mujeres.

Son trabajadoras de las aguas de diversas profesiones y desarrollan sus actividades a bordo: buzos, oficiales maquinistas, marineras, cocineras, enfermeras, capitanas, oficiales de cubierta. 

Todas poseen libreta de embarque y una excelente formación en distintas escuelas: Prefectura, Salvamento y Buceo, Escuela Nacional Fluvial Tómelas de Buenos Aires, Escuela de Pesca en Mar del Plata y la Escuela Náutica. 

Sin embargo, la mayoría de ellas están desempleadas, son discriminadas por ser mujeres y las que lograron navegar en alta mar enfrentan violencias, acosos y abusos sexuales de parte de sus compañeros varones cis. Un espacio dominado por la lógica machista y los pactos de silencio entre caballeros que sólo pueden enfrentarse en red y necesitan ser intervenidos por políticas de equidad.

El mercado empresarial no toma mujeres. Los sindicatos que deberían defendernos no lo hacen, sino todo lo contrario, si nos buscamos un laburito por fuera hablan con la empresa para que no nos contraten”. 

Tenemos un nivel de violencia zarpado desde lo empresarial y sindical.

 Conozco muchas compañeras que los propios dirigentes gremiales les han propuesto sexo o plata para conseguirle un embarque”, dice Lucía de Pascuale. 

Es buza profesional, la única en toda Latinoamérica que posee la mayor categoría de buceo, puede llegar a sumergirse hasta 300 metros de profundidad respirando mezcla artificial. Con mucho esfuerzo y después de 17 años de estudio, alcanzó esta calificación, sin embargo, hace más de un año que está desempleada. En todo el país hay 40 varones con su misma categoría y cobran mil dólares por día cada vez que realizan una labor.

Lucía intentó implementar diversas herramientas para conseguir un empleo, reunió a las 10 buzas que hay en todo el país para que la Asociación de Buzos Profesionales impulse la contratación de mujeres en las empresas, al menos un cupo, cuando en cada obra se emplean entre 10 y 30 personas “El gremio desestimó los artículos de género que presenté. 

Me atacó en el grupo de agremiados y también en una carta pública que envió a las empresas. A partir de ese momento no me llamaron más de ninguna empresa, me dejaron en la calle sin un mango”, cuenta.

Luego de ese episodio, Lucía se puso en contacto con trabajadoras del sector marítimo, fluvial y lacustre que se encontraban intentando acceder a un empleo. En cada una de las historias que escuchó se repetía el mismo patrón: todas hablaban de los abusos sexuales y acosos que sufrieron por parte de sus compañeros y la discriminación de las autoridades de los gremios. 

A esas situaciones le seguían la falta de acceso a la Justicia: “Ninguna de nosotras puede pagar un abogado estando desempleada. Hay una denuncia de una marinera que fue violada a bordo, nunca tuvo contención ni de Prefectura ni de su gremio, la violencia que vivimos es muy grande”.

Lucía nació en Jujuy, cuando cumplió 17 años se mudó a Buenos Aires, a los 18 ya era buza y se mudó al sur en busca de un empleo que no consiguió en la Ciudad. Durante 10 años trabajó en la pesca artesanal de mariscos que se realiza bajo la modalidad de buceo. Vivía en un campamento y dormía en una casilla rodante, era la única salida laboral que tenía, precarizada y sin ningún derecho laboral. 

“Sin ART, sin un seguro de vida, buceando con descompresión, algo que está prohibido por Prefectura porque no hay una cámara hiperbárica para respirar.

 Tuve accidentes de descompresión, donde me tuvieron que meter desmayada bajo el agua con el regulador en la boca para reavivar, a varios compañeros les pasó y algunos perdieron la vida”, detalla.

Lucía de Pascuale, buceadora a más de 300 metros de profundidad y una de las responsables de la organización de las trabajadoras de mares y ríos.

La Asociación de Mujeres de la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre es un grupo que reúne a más de 60 de trabajadoras del mar de todo el país, Lucía es una de las impulsoras. 

Se organizó para elevar los reclamos de las trabajadoras y denunciar las múltiples formas de violencia que sufren. Muchas de ellas son jefas de hogar que hoy no pueden acceder a un trabajo formal por ser mujeres, a pesar de contar con una formación profesional.

Hace un año presentaron una nota al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad exponiendo su situación, recién el 11 de agosto pasado recibieron una respuesta y se comprometieron a trabajar en sus demandas. Antes tocaron sin éxito las puertas del Ministerio de Trabajo, de la Defensoría del Pueblo y del INADI.

Años atrás, Lucía embarcó contratada por una empresa noruega, una de las pocas que realiza tareas de saturación donde los buzos se sumergen a 300 metros de profundidad. Sin embargo, a pesar de estar capacitada para el puesto tampoco le permitieron realizar esa tarea.

“Fui ninguneada por compañeros y supervisores, me decían en la cara ‘a vos no te vamos a mandar a hacer esto porque sos mujer’. Estuve 10 años en la pesca, levanté más toneladas de mariscos que cualquiera de los buzos que estaban en ese barco, manejé lanchas, llegué a bucear ocho horas por día”, cuenta Lucía. Nada de eso parecía ser suficiente, al desprecio hacia su formación le siguió el acoso: “Todos te insinúan que quieren tener sexo y cuando expuse esta situación con el capitán me dijo ‘si yo hablo va a ser peor, no subimos más mujeres’”.

Ese es el modus operandi en alta mar: la amenaza de castigo como disciplinamiento para quienes se animan a denunciar y el pacto de silencio entre caballeros que los convierte en cómplices de las violencias.

Sindicalismo patriarcal

Gisela González es oficial de máquinas fluviales, en 2012, a sus 24 años, egresó de la Escuela Nacional Fluvial. Conoce cada uno de los sistemas a través de los cuales funciona un buque. Proveniente de una familia de muy bajos recursos, significó un gran sacrificio poder completar su formación. 

De lunes a viernes viajaba a las cinco de la mañana de Longchamps a Constitución para llegar a las 7 a la escuela con las monedas justas

A veces le sobraban unos pesos para comer, otras no y los sábados viajaba a la Bahía de Núñez, en Ciudad de Buenos Aires, para completar las prácticas de natación y remo.

Gisela González, a pesar de las violencias sufridas sigue insistiendo en su formación y en las ganas de embarcarse.

La formación de Gisela no fue totalmente gratuita, debía pagar una cuota de $300 pesos, su mamá enfermera de profesión la ayudaba con lo que podía. Cuando estuvo lista para embarcar entró al mundo del gremio: “Nos dijeron que teníamos que afiliarnos, ponernos en una lista laboral y el gremio se encargaría de darnos los embarques. Después de esperar muchos meses conseguí un embarque en un buque pesquero”, cuenta.

Luego de ese primer viaje no volvió a conseguir otro trabajo y tuvo que abandonar el mar “como les pasa a muchas compañeras, desisten de su profesión y eligen otra carrera u otro trabajo, para mí fue muy difícil porque extrañaba todo lo que había estudiado, lloraba cuando sentía el olor del mar. Soñaba con el mar.”

Gisela juntó fuerzas y volvió en 2019, renovó los cursos para navegar que se vencen cada cinco años, se anotó nuevamente en lista, y tuvo una reunión con el secretario general y el adjunto del Sindicato de Conductores Navales y le prometieron un empleo. Esperó varios meses y como seguía sin trabajo viajó a Mar del Plata en busca de un barco.

Ilusionada con la promesa de un empleo, Gisela rompió la alcancía de su hijo y juntó la poca plata que tenía en el bolsillo para comprarse un pasaje. “Cuando llegué el secretario de la seccional me dijo ‘tenés que ponerte en lista’, le expliqué que viajé porque me habían prometido un trabajo y que estaba pasando una necesidad económica pero no le importó. Estuve durmiendo 40 días en el puerto, comiendo de lo que me daban los marineros.”

En medio de esos días de angustia lejos de su familia y durmiendo a la intemperie, conoció a un grupo de marineros con los que empezó a patear los muelles para hacer changas, 12 horas por día con currículum en mano para conseguir un puesto. Una semana después logró embarcarse en un empleo temporal como primera oficial. Mientras tanto la seccional del Mar del Plata, que la había dejado en la calle, la hostigaba por buscar trabajo con lxs marineros. Gisela denunció esta situación ante el secretario general de Buenos Aires, y la situación empeoró.

Una mañana el secretario de la seccional de Mar del Plata la interceptó en la calle y comenzó a gritarle, Gisela tuvo pánico y cuando terminó su contrato temporario abandonó la costa, regresó a su casa y denunció el hostigamiento ante el INADI. Su situación económica empeoraba y su compañero tampoco contaba con un empleo formal. “Pedí mi libertad laboral y me la negaron. Cuando me llamaban de una empresa para embarcar al día siguiente me decían ‘el gremio nos dijo que no’. Todo esto me desencadenó estrés y anemia aguda y ni siquiera tenía obra social.”

El día que llegó al INADI Gisela denunció además otra situación que vivió en 2014 cuando tenía 25 años: “Era muy joven y nueva en el ámbito laboral, en ese momento no supe qué hacer ni a donde denunciar. Me subí a un barco y el primer oficial de cubierta se metió en mi camarote e intentó violarme.

En mi mameluco siempre llevaba una navaja porque en la escuela me enseñaron que teníamos que tener una herramienta cortante por si nos enredamos los pies o necesitamos cortar algo de urgencia, nunca imaginé que la iba a usar para una situación así. Mientras el oficial me bajaba el cierre del mameluco saqué la navaja y le dije ‘si me tocas un pelo te abro la garganta hasta los huevos’. El tipo se puso blanco y se fue. Yo no podía respirar de los nervios”.

Al día siguiente Gisela relató la situación ante el jefe de máquina de la embarcación, cuando llegó a oídos del capitán él le dijo riendo “qué hacemos jefa”. Cuando se bajó del barco Gisela denunció el abuso ante el secretario general del gremio, la respuesta que recibió fue: “Gracias a Dios no pasó a mayores”. Gisela tenía miedo, estuvo un año sin poder navegar luego de ese episodio.

“Los gremios y las empresas no están capacitados en perspectiva de género para contener a las mujeres en estas situaciones. Se de otras compañeras que han vivido situaciones de abuso peores que la mía, amenazas, maltratos, no es solo violencia laboral, sino sexual, psicológica, no se respetan nuestros derechos y las convencen para que no denuncien, compran su silencio a cambio de un trabajo”, asegura Gisel.

Hoy a sus 33 años continúa profesionalizando en el Astillero Río Santiago, cursando dos tecnicaturas: de control y automatización y otra de construcciones navales, en busca de un empleo efectivo.

El costo de ser mujer 

Marina Saboulard atiende el llamado mientras respira el frío seco de Puerto Pirámides, un pueblo de menos de 500 habitantes ubicado en la Península de Valdez. Llegó haciendo dedo. Vive en Buenos Aires y viajó para visitar a sus compañeras de la agrupación, buzas cocineras y encargadas de cámaras que hacen turismo en los buques de Ushuaia.

Marina es fotógrafa y marinera, comenzó un proyecto personal donde registra a sus compañeras en alta mar. Nunca logró embarcarse como fotógrafa, cuenta que son puestos que solo les dan a los hombres. “A las mujeres las mandan a la cocina o a limpiar camarotes que es la categoría básica”.

Marina Saubolarb, fotógrafa de altamar, con carnet de la Organización Marítima Internacional, desocupada.

Para llegar a ocupar puestos superiores les exigen acumular determinadas horas de navegación, algo muy difícil de conseguir cuando acceder a una embarcación es una odisea y dependen del gremio. 

Diez años después de recibirse Marina solo logró embarcar tres veces, mientras sus compañeros varones con los que cursó la carrera están todos empleados.

Ante la falta de acceso a un puesto, Marina se vio forzada a buscar embarque en bandera extranjera, lo que requiere mayor formación: “Tuve que estudiar un montón de idiomas y tener una segunda carrera. Los cursos que hacemos son avalados por la Organización Marítima Internacional (OMI).” Para embarcarse en aguas extranjeras, además necesita una libreta internacional que cuesta 500 dólares, vence cada cinco años y ya pasó los primeros tres años y medio sin embarcarse.

Al igual que todas sus compañeras, cuando se recibió debió entrar al circuito del gremio para conseguir un embarque. “Muchas empresas solo te emplean a través del gremio y todo muy entre comillas porque siempre toman hijos de, sobrinos de, nietos de. Es muy difícil hacerte un camino de otra manera. Y también lo que existe mucho en la jerga es que los compañeros te tienen que elegir. Es un ambiente muy machista, hay compañeras que me cuentan que tuvieron que encerrarse en un camarote para que no abusen de ellas”, relata.

La primera capitana

La señal de wifi en plena embarcación a 200 millas en mar argentino, cerca de aguas internacionales, dificulta la comunicación con la capitana Nancy Jaramillo. El clima no acompaña y el frío penetra los huesos. Nancy se toma un rato de sus horas de descanso para contar su historia, hace guardias de 12 horas y es la primera mujer capitana de pesca de Argentina.

De familia de bajos recursos, Nancy nació en Trelew y creció en una villa de Puerto Madryn, sin techo, lo único que tenían era un auto, donde vivieron durante un tiempo. Nancy reivindica su clase y recuerda los días en los que el único plato de comida que tenía era el que conseguía en el comedor del barrio. Su primer trabajo lo tuvo a los nueve años, vendía agujas e hilos en la calle. Después limpió casas, fue niñera, vendió carbón, dio clases particulares, trabajaba todo el día, pero la plata nunca le alcanzaba.

A los 17 tuvo su primer y único hijo, madre soltera, desesperada por conseguir un sustento económico se enteró de un curso para camarera de barco que brindaba Prefectura. Así comenzó su carrera para llegar al mar. Sin descanso trabajaba de mañana y estudiaba de tarde. Consiguió su libreta de embarque y en 1996, a sus 19 años comenzó su primera travesía a bordo como camarera en un ambiente muy hostil.

Sufrí todo tipo de abusos e insultos, una noche mientras dormía un oficial entró a mi camarote, me tapó la boca, se me subió encima y me manoseó. Fue una situación espantosa, no tenía forma de defenderme. Al otro día me llamó el capitán para decirme ‘cómo una puta como yo podía ensuciar el buen nombre de un padre de familia’. El tipo se adelantó pensando que lo podía denunciar y le dijo al capitán que yo lo había provocado. Agaché la cabeza y no pude decir nada, se me caían las lágrimas, nadie iba a creer lo que había pasado realmente.”

Nancy juntó fuerzas y continuó formándose para ascender a marinera, no le fue fácil, dos años después llegaron también las primeras manifestaciones de discriminación, sus superiores le decían que no aceptaban mujeres, pero se plantó, insistió y logró rendir el examen para convertirse en marinera.

“Encima una negra cabeza”

Nancy comenzó a acumular horas de embarque y en 2003 se presentó en la Escuela de la Armada para acceder a la patente de patrón costero. Para navegar como oficial en grandes embarcaciones se exigen dos patentes, a Nancy querían otorgarle solo una que sirve para pequeñas lanchas, a pesar de que acumulaba muchos años de experiencia, mientras que a sus compañeros varones que tenían unos pocos meses navegando, ya les habían otorgado ambas patentes. 

Recién en 2007, cinco años después, cuando cambió el director de la escuela, fue aceptada.

Nancy Jaramillo logró llegar a capitana después de incontables esfuerzos y violencias.

Cuando creía que todo se había solucionado pusieron en duda sus 10 años de navegación, abrieron una investigación y le exigieron que consiga en menos de dos meses documentos de las autoridades marítimas de Prefectura que probaran sus años en el mar. 

La acusaban de haber alterado su libreta, sin pruebas ni fundamentos, algo que jamás le sucedería a un varón. En menos de dos meses Nancy reunió toda la documentación y se graduó como oficial de pesca. Continuó embarcada. Sin embargo, aun con título en mano, le daban los trabajos más básicos mientras sus compañeros accedían a los cargos de oficiales.

Continuó su carrera, alcanzó el título de oficial y en 2011 volvió a la escuela para convertirse en capitana. “En 2017 cuando estaba por recibirme de capitán mi profesor Martínez me contó que el director de la escuela, un militar muy machista, le dijo ‘no quiero como capitana a una mina y encima una negra cabeza”, recuerda Nancy textuales palabras.

Ella estaba sobre capacitada para su puesto, antes de llegar a ser capitana ya conocía todos los oficios que se desarrollan en una embarcación: fue bodeguera, bajaba a estibar en una embarcación con 34 grados bajo cero y hasta fue marinera de cubierta, un puesto que tiene los trabajos más pesados. “Cuando mi profesor Martínez, se enteró que no me querían dejar entrar dijo que iba a realizar una denuncia pública por discriminación, gracias a él pude ingresar”, cuenta.

Nancy recuerda que el día que salió en su primer viaje como capitana de una embarcación la mitad de la tripulación se bajó porque decían que iba a hundir el barco. “Todavía siguen pensando que porque somos minas no nos da el cerebro o no estamos capacitadas. Salí a mi primera marea, me fue muy bien y pesqué un montón”, cuenta.

No solo pusieron en duda su carrera, sino que además tuvo que soportar incontables situaciones de violencia y abuso sexual. “Cuando trabaja como cocinera un oficial venía a manosearme. Cuando todos estaban afuera trabajando, me tapaba la boca y la nariz. Un día no aguanté más, le dije al capitán y su respuesta fue ‘¿no lo estarás provocando?’. No se puede hacer nada, si digo algo te van a echar a vos’.

“Un compañero me dijo ‘a ver cuando te pones calzas y nos mostras el culo’, yo le respondí ‘que muestre el culo tu mujer’, me pegó una piña y me dejó los dos ojos negros. Otro me dejaba todo el trabajo a mí, un día le dije que haga sus tareas como correspondía y me tiró una caja encima, me caí de dos metros y me quebré las muñecas, cuando le conté al capitán le terminaron dando la razón a él. Me dijeron que estaba bien que me hubiera pegado porque yo no le podía dar órdenes.”

Nancy reconoce que esas situaciones la marcaron y la llevaron a vivir con miedo y angustia. “Hasta que dije basta y empecé a contactar a compañeras porque nosotras hoy como mujeres trabajadoras del mar no tenemos nada ni nadie que nos ampare. Por estar en un barco para los hombres ya estamos provocando.” La primera vez que un compañero le pegó había tres hombres más, ninguno la defendió

“Me fui sola a mi camarote a lavarme la cara porque la tenía llena de sangre. Sufrí mucho desprecio, me daba vergüenza decir que era capitán de pesca porque para la sociedad marítima una mujer es una vergüenza. Una vez un hombre me dijo que yo era la puta que abandonó a su hijo para ir a chupar pijas a los barcos. Es muy doloroso, llegó un momento que era tanta la agresión que no entendía porque me atacaban tanto. No conseguía trabajo en ningún lado, nadie me quería embarcar porque era mina.”

Hoy nota algunos cambios: “Este último año con tanta movida del movimiento feminista están empezando a contratar mujeres de a poco y hay un proyecto de la senadora Nancy González que establece embarcar un 30 por ciento de mujeres en los barcos pesqueros. Están empezando a aceptarnos porque no les queda otra. Son muchas las mujeres con libreta que quieren subir a un barco, estoy segura que cada vez van a ser más y serán grandes, marineras, camareras, oficiales, pero si no nos abren las puertas nunca vamos a poder ganar nuestro espacio. Queremos igualdad de oportunidades.”

Imagen de portada: Marina Saboularb y Lucía de Pascuale, dos trabajadoras de alta mar desocupadas sólo por ser mujeres.. Gentileza de Constanza Niscovolos

FUENTE RESPONSABLE: Página 12 – Por Estefania Santoro

Violencia de género/Xenofobía/Mujer/Sociedad/Argentina

 

Argentina . La Inspección General de Justicia bajo ataque por favorecer la paridad de género.

Esa justicia que protege el poder de los varones en la conducción de las empresas

La Cámara Comercial se pronunció en contra del titular de la IGJ, Ricardo Nissen. Se oponen a la participación igualitaria de mujeres en la conducción de las empresas.

El ataque a las resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) que establecieron la paridad y diversidad de género en los órganos de administración y de control de las sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, escaló y alcanzó su punto máximo esta semana cuando la Cámara Comercial en pleno firmó un pronunciamiento para denunciar al titular del organismo, Ricardo Nissen. 

Le cuestionan no haber acatado un fallo de la sala C, de comienzos de agosto, que invalidó las medidas destinadas a garantizar la participación igualitaria en directorios y áreas de decisión de las empresas y otras formas societarias. Un dato llamativo es que la IGJ había planteado ya que el fuero comercial no es competente para revisar sus resoluciones generales y había pedido la inhibición de esta cámara que, sin embargo, avanzó como si nada, cuando es claro que la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema. 

Pero más allá del laberinto de tribunales –que precisamente opera a menudo para despistar– el resultado es que el poder económico/empresario, manejado por varones y estructuras patriarcales, consiguió un gran aliado en el Poder Judicial para impedir la concreción de derechos establecidos en tratados internacionales con rango constitucional y perpetuar su dominación. Especialistas en derecho comercial y empresarias señalan cómo opera la falta de perspectiva de género en estas decisiones judiciales y sus consecuencias. 

Las estadísticas de la propia IGJ mostraban que, hasta la llegada de las resoluciones 24 y 25 en agosto del 2020, por cada cinco varones que dirigían o fiscalizaban empresas o asociaciones civiles, sólo había una mujer en puestos similares. La organización internacional “Mujeres en la Bolsa” registra “por cada consejera, 5,79 consejeros”. 

Lo que se propuso la IGJ fue “promover acciones positivas” para garantizar “la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución” y los tratados internacionales con rango constitucional como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Las resoluciones en disputa establecieron que en los órganos de administración y control de las sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, así como en entidades religiosas debe haber una representación equivalente de mujeres y varones. Si el número es impar debe haber un mínimo de un tercio de integrantes mujeres. 

A la vez el artículo 4 prevé excepciones para quienes demuestren razones fundadas que les impidan cumplir la disposición. “No podemos andar predicando la igualdad de la mujer y no hacer nada cuando estamos en una posición para hacerlo”, dijo Nissen en una entrevista con Página/12, donde explicó que las mayores quejas no solo fueron del sector empresario sino de las asociaciones civiles, la iglesia evangélica y algunos clubes (ver aparte). Aun así, una mayoría acató las resoluciones. 

El mapa del recorrido judicial permite apreciar la dudosa intervención de la Cámara Comercial, que aceptó meterse por la ventana. En rigor, la primera demanda fue del macrista Yamil Santoro a través de su fundación Apolo, en otro fuero: pidió la inconstitucionalidad de las resoluciones en los tribunales en lo contencioso administrativo. Tanto el fiscal Fabián Canda y como el juez Pablo Cayssials rechazaron el planteo. Ahora está en la Sala IV de la Cámara Contencioso, con dictamen de rechazo de la fiscalía. 

Con posterioridad se presentaron 7 empresas de colectivos que no quieren acatar la paridad directamente ante la Cámara Comercial para pedir que invalidará las resoluciones. La IGJ sostiene que en el fuero comercial solo se pueden cuestionar las resoluciones dirigidas contra una sociedad en particular, pero no las resoluciones generales como las que aquí están en juego. Sin embargo, ese tribunal igual les admitió el recurso. 

La IGJ planteó que estos/as camaristas debían inhibirse. Le pidió a un magistrado del fuero contencioso, donde sí podría tramitar ese cuestionamiento, que reclamará el expediente. El juez Martín Cormick le dio la razón al organismo e indicó a la sala C de la Cámara Comercial que debía inhibirse por estar comprometido el Estado Nacional. Ese tribunal le retrucó con un reto. Cormick mandó el conflicto de competencia a la Corte y le avisó en un oficio a las/los camaristas comerciales.

Pese a la notificación que indicaba el conflicto de competencia, el camarista Eduardo Machín y su colega de la sala C Julia Villanueva hicieron oídos sordos, no incorporaron el oficio de Cormick al expediente, y el 9 de agosto último firmaron un fallo para dejar sin efecto las resoluciones. ¿Qué argumentaron?  

Acusaron a Nissen y la IGJ de exceder sus facultades y de violar la Ley General de Sociedades porque consideran que habrían alterado los mecanismos para la elegir la integración de sus directorios como quieran, que serían un derecho privado de los accionistas. 

Sostienen el criterio de la meritocracia: que el parámetro tiene que ser la idoneidad y que si se quiere establecer la equidad debería ser por ley, pero no incluyen en su consideración ni la Constitución ni los pactos internacionales que forman parte de las obligaciones de los Estados parte. 

Después del fallo, la IGJ publicó una nueva resolución en el Boletín Oficial el 19 de agosto último en la que ratificó la vigencia de las dos cuestionadas y dijo, entre otras cosas, que el fallo de la Cámara había sido “inválido” y “antijurídico”, fuera de la legalidad. Promovió, además, un pedido de juicio político contra Machín y Villanueva ante el Consejo de la Magistratura. 

La primera reacción (conservadora) fue una editorial del diario La Nación que celebraba la decisión de la Cámara Comercial  como “un límite a los desbordes de la IGJ”, lo que revela –además– un encono con Nissen, que entre otras cosas puso límites a los negocios con las sociedades off shore y las de Acciones Simplificadas. 

El broche de oro fue una resolución que firmó la Cámara en pleno tras un acuerdo extraordinario, con excepción de Machín y Villanueva y los nuevos camaristas que intervienen, que son Alejandra Noemí Tévez, Ernesto Luchelli y Rafael Barreiro. Los firmantes otra vez acusaron a Nissen de un “inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por los jueces” y dijeron que debe “cumplir con el deber de acatamiento”. 

Patricia Fernández Andreani es abogada diplomada en Altos Estudios Europeos y Máster en Derecho de la Empresa. Le explica a Página/12 que las resoluciones de la IGJ son razonables y acordes a la experiencia en los países del norte europeo. 

“El imperativo lo tienen Italia, Alemania, Dinamarca, Suecia donde los órganos de administración de las empresas que cotizan en bolsa tienen que tener 30 a 40 % cubierto por mujeres. Se tomó esa decisión porque las simples recomendaciones no se acatan”, señala. 

En un artículo que publicó en La Ley con su colega Ana C. Alonso, analizan y cuestionan el fallo de la Cámara. Advierten que “la IGJ no alteró la Ley General de Sociedades (LGS), porque reglamentar una ley no importa ceñirse a la letra de la norma, sino respetar el espíritu en concordancia con todo el bloque de constitucionalidad”, pero además “no se juzgó con perspectiva de género”. 

El tribunal, señalan, consideró “el cuidado de la sociedad destinataria de la gestión, los de sus socios y los de terceros (…) la IGJ se hizo cargo de que el Estado en todas sus representaciones deba equilibrar las desigualdades y combatir la subyugación de la mujer en el ámbito del poder económico promoviendo las medidas a su alcance en pos de lograr la igualdad efectiva”. 

“Es imposible modificar un patrón sociocultural de conductas si a la justicia le pasan inadvertidos los estereotipos sexistas, las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los roles preadjudicados, las violencias simbólicas y las prácticas abusivas discriminatorias que, no por ser naturalizadas, dejan de ser intolerables”, dicen las autoras. 

“El sector económico repele esta paridad porque con la amplia disponibilidad de recursos que maneja el patriarcado sigue sometiendo de la misma manera a las mujeres en todo aspecto”, suma la abogada especialista en derecho comercial Lucía Spagnolo. Tanto ella como Fernández Andreani ven en la decisión de la Cámara un modo de reproducir esa forma de dominación machista del poder económico. 

“Argentina desde hace más de 15 años aprobó convenciones que la obligan a dictar medidas positivas para hacer efectiva la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres tanto en los actos de la vida civil como en el ámbito de la vida económica. Recién se dio cumplimiento a esto con las resoluciones de la IGJ, que prevé excepciones. 

“No es cierto que la IGJ haya violado la ley porque tiene facultades para dar cumplimiento a las convenciones internacionales en pleno plano de igualdad que la constitucional. Esto es un debate zanjado. La Cámara no aplicó ni la perspectiva de género ni la razonabilidad, al margen de su incompetencia”, enfatizó Spagnolo. 

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo ningún sector tiene una proporción de líderes mujeres superior al 25% y la feminización de un sector no implica más presencia femenina en puestos jerárquicos. En empresas industriales sólo el 17,6 % del total de los puestos gerenciales son ocupados por mujeres. 

Para Paula Basaldúa, coordinadora del gabinete de género del Ministerio de Desarrollo productivo, a veces no alcanzan las herramientas legales para generar cambios y harán falta procesos de reconocimiento de las desigualdades de género y el accionar consecuente para su erradicación”, lo que no quita la importancia de las acciones positivas.  

María Elena Ghietto es arquitecta, empresaria de la construcción en Santa Fe e integrante de la comisión directiva de la delegación de su provincia de la Cámara de la Construcción ofrece una mirada desde su propia experiencia. “En un comienzo pensé que los límites a la paridad en los cargos dirigenciales, eran una cuestión generacional. 

En la industria de la construcción vivimos en un ámbito regido por empresas familiares, y no hay lugar más patriarcal que ese. Pensé que cambiaría con las nuevas generaciones pero aclaro con asombro que en el ejercicio de todas estas gestiones de inclusión, me doy cuenta que el problema es que se trata de lugares de poder. En mi especialidad las empresas más exitosas son las que tienen diversidad de género en sus equipos de trabajo, que propicien la integración. Sin embargo, parece que las mujeres estamos mejor vistas para trabajar que para dirigir. Debe haber acciones positivas pero si la justicia no acompaña es un imposible”.

Imagen de portada: Gentileza de Página 12

FUENTE: Página 12 – Por Irina Hauser – Poder Judicial/Xenofobia /Discriminación/Genero/Mujer.

¿Existe la xenofobia en la Argentina?

Sí.

Siempre existió; hacia los de tierra adentro (las provincias argentinas alejadas de la Ciudad de Buenos Aires) como con los migrantes fronterizos tales como los paraguayos, bolivianos, peruanos y aun otros como los chinos o coreanos. A cada uno; el “ingenio popular” le puso un pseudónimo en el mismo orden, “paragua”, “bolita”, “peruca”, “ponja” para todos los asiáticos.

Por algo; el sentido de federalismo está tan pisoteado, que por eso a “los porteños pedantes y engreídos” no los quiere nadie.

Ahora es el turno de los inmigrantes de Senegal que han arribado al país, quienes padecen en extremo la xenofobia y la persecución, que muchísimas veces vulnera los Derechos Supranacionales establecidos por la ONU. 

Un sinnúmero de atropellos se cometen casi a diario contra los migrantes senegaleses que viven en Argentina. La policía es agente de golpizas, extorsiones, robo de mercadería y armado de causas. Pero no es la única fuente de violencia. Existe en estas tierras todo un imaginario al servicio de justificar el racismo estructural. La revista “Soy”, presenta un recorrido en primera persona por una realidad de segregación que delata una de las más funestas caras del “ser nacional”. Y también deja entrever semillas de la resistencia.

Cincuenta mil niños mendigando por las calles constituyen una de las puntas de la paradoja de Senegal cuya economía sorprendentemente viene creciendo un 6% cada año.

La pregunta es en qué sector de la población se refleja este crecimiento que no cambia el fijo 30% afectado por la malnutrición, sobreviviente bajo la línea de pobreza.

Religiosos del lado pacífico del Islam, los nacidos en esta tierra no saben qué es un golpe de Estado, lo cual implica una singularidad en la historia de un continente arrasado como el africano.

Podría decirse, sin embargo, que el hostigamiento colonial recibido ha sido un golpe casi continuo. Puerta privilegiada para el comercio de esclavos, Francia se apropió finalmente de este punto estratégico y avanzó tierra adentro después de enfrentarse a Inglaterra, Portugal y Holanda, y ganárselo.

  1. Recién en 1960, mientras de este lado del mundo el hippismo encarnaba una idea generacional de la revolución, Senegal tenía la esperanza de sacarse de encima la bota colonialista y creía conquistar esa independencia que décadas más tarde desembocará en una explosión migratoria. Seiscientos mil habitantes desterritorializados y ahogados en las puertas del confort europeo, o salvados del agua y desviados hacia el tercer mundo latinoamericano para ser una vez más avasallados en las casas, en los hoteles y en las calles. Más de medio millón de personas criminalizadas y racializadas por la policía, por un amplio sector de la prensa (por ejemplo, el que se empeña en asociarlos con las mafias y abonar al relato delictivo) y, por supuesto, por las mayorías blancas o identificadas con los argumentos anti migratorios.

La República Argentina que en 1813 sancionó la igualdad constitucional entre los ciudadanxs que habitan su suelo, no ha sabido representar para estos trabajadores sin derecho al trabajo, una honrosa excepción.

La comunidad senegalesa se mantiene estable con un número que oscila entre los 3000 y 3500 distribuidas en muchas ciudades del país. En octubre la organización Tupac Amaru de Salta, por ejemplo, grabó un video en el que dos migrantes pedían acceso a la documentación y posibilidad de vivir y trabajar sin padecer lo que padecen de norte a sur del país.

Distintas organizaciones como el BTM (Bloque de Trabajadores Migrantes), el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) o ACNUR (la agencia con que la ONU colabora con los refugiados), les ofrecen todo tipo de asistencia: legal, material, educativa, etc.

Pero suavizar esta aspereza cotidiana por la que se coleccionan imágenes terribles -como las patadas recibidas por una vendedora de parte del cliente al que no le gustó el producto ofrecido, o el consabido insulto “negro de mierda” corriendo como agua, o los tan frecuentes allanamientos a sus domicilios y el subsiguiente robo de la mercadería de los vendedores de manos policiales- requiere además una contención afectiva de parte la propia comunidad.

“Están organizados para defenderse de la discriminación. Pero también lo que hacen mucho es, por ejemplo, si a uno le roban la mercadería, todos ponen un poquito para ayudarlo.

Últimamente he estado viendo que varios y varias senegaleses se han puesto a hacer microemprendimiento de venta de comida, ferias online de productos, de ropa, siempre están laburando porque vienen a eso no a otra cosa, como cualquier migrante va a otro país con la idea de colaborar con la creación de un país un poco más rico, porque los países se enriquecen con la migración”, cuenta Federico Muiña, autor de las fotografía que acompañan esta nota.

A partir de una consigna de un taller coordinado por Juan Pablo Barrientos, en el que se le propuso cubrir el evento de una asamblea de senegaleses, Muiña empezó con un proyecto colectivo que terminó siendo personal: “La idea de la experiencia fotográfica es hacer en un futuro un medio de comunicación abocado a eso y colaborar a que la situación se visibilice y cambie”.

Orgullosamente azul

“Soy de Senegal. Vivo en Flores. Vine a la Argentina en 2018.

Yo estaba en Brasil y llegué en micro. Sufrí muchas situaciones de violencia y discriminación de la policía, como allanamientos, cosas feas. El año pasado allanaron mi casa. Ellos dijeron que tenían una orden, vinieron con un papel. Soy vendedor ambulante en Once. Esta orden es de agosto de 2019 y dice que se investiga un delito que, la verdad, no sé…

Pero ahora sé más que antes que no sabía leer español”, dice el joven y hermoso Papa Diaw. Habla de un modo suave y amable y también difícil de entender y entre los mensajes que envía incluye las fotos del acta que empieza así “Tengo el agrado de dirigirme a usted”. Agrado, término amigo de la degradación, no puede ser una formalidad más vacía para una misiva que informa cuál será la excusa para perseguirlo esta vez: “al efecto de proceder al secuestro de las prendas con marcas apócrifas que pudieran hallarse (…). A tal fin, queda facultado en cumplimiento de esta orden para hacer uso de la fuerza pública en caso de que sea estrictamente necesario y proceder a la apertura de cajas, puertas, armarios, escritorios y/u otro mueble de la finca que se encuentren cerrados y en los que se presuma la existencia de elementos relacionados con el delito investigado”. Es decir, todo. Todo de todo.

Si en el buscador de YouTube se pone la palabra “senegaleses” la primera entrada que aparece es un video en el que Alba, el referente de la comunidad de vendedores ambulantes de Once, habla bajo los árboles de la Plaza Miserere para un amplio grupo que lo termina aplaudiendo y repitiendo con él “Basta. Basta. Basta”.

Encendido en su reclamo, el vocero reclama la justicia adeudada: “Hoy estamos reunidos acá porque hace rato teníamos que hacerlo. Cada vez que pasa algo, la policía -que respeto mucho por representar las leyes de este país- hace circular lo que les conviene. Varias veces nos dicen ‘anda alquilar locales’ o ‘¿por qué no pagan impuestos?’.

Pero muchos de nosotros tenemos o hemos tenido locales y a cada rato entraba la policía, como también lo hacían en las galerías, y nos sacaban las cosas. Hace un par de meses se llevaron la mitad de la mercadería y nos pidieron que pagáramos una cantidad enorme de dinero. Dos días después volvieron y nos sacaron todo. ¿Cómo se llama eso?

Robar. En las casas donde vivimos no estamos tranquilos, a las cuatro de la mañana rompe la puerta la policía. Llegamos a tener a 32 personas esposadas hasta las 5 de la mañana desde las 4 de la tarde. Es verdad que molestamos, pero molestamos trabajando.

Somos gente humilde. No necesitamos venir hasta acá para hacer el trabajo sucio; nos la rebuscamos con nuestro sudor. Lo único que queremos es que nos traten como seres humanos. No estaríamos vendiendo sino es por necesidad. Si perdemos perdemos, pero no nos persigan en la calle, en la casa, en los locales. Basta. Todos los chicos son monotributistas y pagan sus impuestos. Mucha gente los insulta. No nos alquilan las casas; vivimos como ratas.

La pareja de mi compañero senegalés, que es blanca, busco casa para mí, un apartamento para alquilar, y le dijeron que había. Cuando tuve que llevarles la plata y vieron que soy azul –orgullosamente azul- me negaron la vivienda”.

Delitos de identidad

Cecilia Félix, activista integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes, se incorporó a la organización como profesora de español en un primer momento hasta que más tarde terminó involucrada más profundamente, accionando desde la Comisión de Acompañamiento a partir de enterarse de las crecientes detenciones sufridas por sus alumnxs senegaleses.

Cecilia explica las tres causas con las que la policía justifica la indisimulable persecución: “Los motivos que en general encuentra la policía para justificar detenciones arbitrarias son, por un lado, ‘infracción a la Ley de marca’, que es un delito federal, pero en la mayoría de los casos, el poder judicial desestima las causas penales que arma la policía contra los vendedores.

Otro motivo es la resistencia a la autoridad. Este es un delito que recae en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resistencia generalmente se da cuando les quieren robar la bolsa y los chicos salen corriendo. Este año se agregó un tercer motivo que fue violar la cuarentena, por no haber contado con permiso para circular”.

Pero la venta ambulante, ¿constituye realmente un delito?

En la ciudad de Buenos Aires no. Es una contravención cómo puede ser estacionar mal el auto y ni siquiera es contravención si se realiza para la subsistencia.

A partir de agosto del año pasado nosotros empezamos a tener más conocimiento de su situación en la calle, de los robos, de los golpes que les daban.

Esto implicó ver de qué modo intervenir, establecer un protocolo, armar una red de contactos para saber qué era lo que estaba pasando con esa persona durante las horas de la detención y también ver cómo encauzar algún tipo de denuncia o informe sobre violencia institucional, que se ejerce siempre contra los colectivos más vulnerables.

¿Qué factores facilitan la instrumentación de esta violencia sobre la comunidad senegalesa?

La vulnerabilidad en la comunidad senegalesa está dada en primer lugar por la falta de conocimiento del idioma, en segundo lugar por la falta de una representación consular y también la falta de un intérprete al momento de la detención, tanto en las comisarías como en los juicios como cuando Espacio público les labra un acta.

No entienden lo que firman, ¿verdad?

No. Los chicos están firmando cosas de las que no tienen conocimientos.

Les dicen “firma acá, no pasa nada” y “acá” lo que tenes es una causa. Es importante para mí resaltar que el año pasado, la ONU hizo una visita en Argentina y emitió un informe sobre la persecución que sufre la comunidad senegalesa en La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Quilmes.

Y también resaltar que es una limpieza racializada. Hay un imaginario que se va creando en torno a esta migración: son más fuertes, son muy grandes, entonces tenemos que usar una violencia desmedida porque de otro modo no podemos contenerlos. Un imaginario al servicio de justificar la fuerza que se emplea, una fuerza desmedida no sólo físicamente sino también simbólicamente.

¿Y se la aplica solamente sobre los vendedores ambulantes?

No es solo a las personas que están trabajando en la calle, sino también a esos compañeros que están con sus bolsas o con su mercancía guardada. Hay casos de chicos que han sido golpeados al salir de sus casas, terminaron detenidos y con lesiones. O cuando les roban la mercadería, les piden el DNI para devolvérsela y si no se los dan, se la quedan. Se manejan con muchísima impunidad sin dejar ningún tipo de acta de lo que están secuestrando. Están a la deriva.

Las lenguas de la resistencia

En wólof las palabras “Damay jaangë” quieren decir “aprendiendo español”.

Así se llama el programa del BTM (transmitido desde la pandemia vía Facebook) con que se les enseña a hablar este idioma a los migrantes senegaleses para que puedan adquirir la herramienta a todas luces imprescindible (aunque, en una escala menor, el racismo lingüístico encuentre algo ahí, haciendo del acento un motivo más de burla).

Cuenta la mexicana Nélida Murguía, una de las caras de este programa en Argentina: “La senegalesa es una comunidad que habla muchas lenguas. Wólof es en la que mayormente se comunican, muchos también hablan francés, que es la que les enseñan en la escuela. Además leen el árabe, porque pertenecen al Islam, a una cofradía, qué es obviamente del Islam pacífico. También algunos por haber pasado por Brasil u otros países, hablan otras lenguas. Van aprendiendo español desde que llegan. Desde el Bloque damos un curso que empezó en 2018 en un ex centro clandestino de detención y tortura que está en Flores, Automotores Orletti.

Hay otras organizaciones, además, que imparten cursos de español, como las de la UTEP o el MTE, que en Constitución da también un curso desde 2018. En La Plata también hay y en Mendoza hay varias organizaciones sociales que han impartido un curso desde la Asociación de residentes senegaleses”.

¿Cuándo empezó la comunidad senegalesa a migrar a la Argentina?

Más o menos en los 90. Antes había una embajada de Argentina en Senegal por lo que era más fácil hacer los trámites.

En el 2001, con el cierre de muchas embajadas a causa de la crisis, dejó de haber esta representación diplomática entre ambos países y entonces ahí se fue complicando la cuestión de la entrada. Porque a los senegaleses se les pide una visa para poder entrar, entonces son compañeros que tienen que hacerlo de forma irregular y eso les acarrea bastantes problemas. Si bien la mayoría no lo es, en el sentido de que una vez en el país tramitan una precaria de refugio, después les cuesta mucho acceder a un DNI. 

¿Durante los últimos años no se intentó regularizar la situación?

En el 2013 hubo un decreto que permitió que muchos se regularizaran, pero varios llegaron después o no lograron presentar a término las cosas; ahora supuestamente se está trabajando por un nuevo decreto. Esto obviamente ha sido muy difícil ahora en la pandemia, por ejemplo, para que puedan acceder al IFE, que ha sido prácticamente imposible. Son muy pocos lxs que ya teniendo DNI pudieron acceder a este apoyo.

Para sobrevivir a la crisis pandémica, El Bloque también acompañó a la comunidad con los emprendimientos online.

La página gastronómica de IG, El emporio migrante, ofrece todo tipo de delicias típicas; en FB La tiendita migrante (Japoo Door Warr), kits de barbijos, alcohol en gel y una remera que reza: Ninguna persona es ilegal. Y otra vez en IG, “Ferias De Casa”, impulsada por los estudiantes de la UTEP, oferta sus imitaciones adorables de las primeras marcas. “Desde el bloque estuvimos apoyando muchas familias –cuenta Nélida-, el 40% son senegalesas. Lo hicimos a través de donaciones junto con compañeros que se encargaban de poner sus casas, hacer paquetes de comidas y con ese fondo se pudo poner a funcionar este emprendimiento de la tiendita online”.  

Fuente: Periódico Pagina 12 – Revista “Soy”- Vida cotidiana- 04-12-2020

Viejos, pobres y zurditos…

La elección de características de determinados universos de personas como instrumen-to de estigmatización y eliminación física, no es nueva. Alcanzó su punto más alto en la doctrina nazi, enunciada por Adolfo Hitler, Führer (líder) de Alemania entre 1933 y 1945 y cuyas consecuencias, el mundo conoce. Los grupos eran seleccionados para su descali-ficación, concentración y posterior exterminio, no sólo por características físicas, sino, además, por sus costumbres, inteligencia, habilidades, gustos culturales, etc. De ese mo-do llegaban al concepto de raza y la supervivencia a partir de la aptitud. La noción actual de meritocracia, replicada hasta el hartazgo por la dirigencia de los nuevos grupos que se enuncian superiores, tiene sus raíces en aquellos brutales tiempos de la humanidad. No es casual que el entrenador de Macri y su equipo, haya sido Jaime  Durán Barba, quien definió a Hitler como “Un tipo espectacular”.

Tampoco lo es que desde antes incluso de la elección presidencial de 2015, la principal técnica de captación de votos del PRO-Cambiemos, haya sido la manipulación inspirada en Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler. De ese modo. con la es-tructura vertebral de los medios hegemónicos de comunicación, la reiteración de la mentira, construyó la verdad en nuestro país. Si bien esas ilegalidades permitieron el saqueo inédito de la Argentina, no alcanzaron para conservar el poder formal en 2019, debiendo replegarse para rearmar su discurso, con miras al 2023.

La aspiración máxima es lograr el retorno al gobierno en ese año, y de mínima, obtener impunidad para sus crímenes. La concreción del primer objetivo, depende de la eficacia en las técnicas de manipulación, y la respuesta que sea capaz de dar el actual gobierno. En cambio, el segundo, está casi garantizado por la permanencia en sus cargos del sec-tor más reaccionario del poder judicial que fue cómplice del saqueo macrista. En cual-quier caso, los crecientes discursos de odio y su difusión a través de quienes, permea-bles a esos discursos, queman barbijos, niegan vacunas, defienden a los multimillo-narios y demonizan los “populismos”, son alarmantes. Precisamente porque se diseñan para generar alarma en un sector de la población, y de ese modo, obtener algún rédito político que mejore su deslucida imagen partidaria. Es en ese contexto, que se inscribe el curioso discurso de la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña. Describir a los estudiantes de carreras docentes como viejos, pobres y de iz-quierda, no es casual.

Todos sabemos que esa imagen no se corresponde con la realidad, pero no es el caso. A ningún dirigente del PRO le interesa la realidad, sino la construcción que de ella se haga para manipular. Hay que recordar que quien era ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, sabía que el corazón de los es hacía el mismo ruido que el de cual-quier ser humano. Sin embargo, rodeado de militantes, susurrando, los convencía que el sonido cardíaco era: “si, se puede”, si, se puede”.

La actual ministra Acuña, se formó en el Colegio alemán Primo Capraro de San Carlos de Bariloche. Su director cultural durante el periodo de formación de la ministra, se llamaba Erich Priebke.

Era un oficial del ejército nazi que una vez descubierto en Bariloche, fue extraditado a Italia y condenado a prisión perpetua por el asesinato de 335 personas incluyendo  niños, en las conocidas Fosas Ardeatinas.

Nadie mejor que ella para definir, en un acto de brutal sinceridad, lo que considera característico de quienes estudian carreras docentes. Viejos, fracasados e incultos son algunos de los adjetivos que utilizó. Con los mismos prejuicios con que los nazis descali-ficaban como seres humanos a los judíos, homosexuales, con síndrome de Down o gita-nos, Soledad Acuña, intentó humillar a los docentes. Sin embargo, la historia ha mostra-do que del mismo colegio donde se formó la ministra, han egresado numerosos alumnos de ideas nobles que honran la cultura y jamás ofendería de ese modo la condición humana. 

Eso prueba que la educación, si bien es un elemento fundamental en la formación de les niños, lo que define, es la decisión que tomen los adultos de honrar o degradar la vida.

Fuente: Períodico Página 12 – Carlos Alberto Rozanski – Día 19/11/2020