«Argentina encabeza el ranking de países que más han deforestado»

Cecilia Gárgano, una historiadora del agronegocio

La investigadora del Conicet traza la historia del extractivismo agrícola en el país y hace foco en la apropiación privada de conocimientos científicos que deberían ser de la sociedad o del Estado.

“Fuegos, sequías e inundaciones”, enumera lo que brota de la Caja de Pandora la historiadora Cecilia Gárgano, en el prólogo del libro de reciente edición El campo como alternativa infernal – Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin escapatoria? (Imago Mundi, 2022). “De la impotencia que nos genera la contemplación de ese desastre que sabemos no accidental y multiplicador de la asimetría social, también surge este libro”, explica la autora, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Conicet.

Tal vez sea esa doble formación la que le permite historizar las raíces y el presente del agronegocio, desde los años 60 para acá, con un pico de entrega y masificación de los agroquímicos (o agrotóxicos, para decirlo más directamente) en los 90. 

Al mismo tiempo que traza la historia reciente del extractivismo agrícola en la Argentina, Gárgano ve en esa historia la de la apropiación privada de conocimientos científicos que en un mundo mejor deberían ser de la sociedad, o del Estado.

Si bien el libro apunta a desbrozar la maleza (con perdón por el símil) para llegar a ese campo más sano, menos tóxico, más social que el actual, antes de ello Gárgano estudia ciertos casos puntuales de envenenamiento por biocidas, algunos de los cuales ponen los pelos de punta.

–¿En qué consiste el agronegocio?

–El libro busca comprender cómo fue construida la actual matriz productiva agraria hegemónica como el único destino posible para nuestro país. Frente a un dispositivo que la presenta como natural, busca historizar su genealogía e identificar los mecanismos materiales y discursivos que la construyeron y legitiman. Para eso analiza el pasado reciente desde la década de 1960 hasta nuestros días enmarcados en el “agronegocio”.

–¿Cómo evolucionó ese proceso?

–En los años 60 se inaugura en Argentina la “revolución verde”, el proceso mundial exportado desde Estados Unidos que marcó un hito en la “quimificación” de la agricultura a través del uso intensivo de plaguicidas. El segundo momento en el que se detiene el libro es en la última dictadura cívico-militar, un punto de inflexión ineludible en nuestra historia, analizando en este caso por un lado cómo el disciplinamiento configuró las formas de concebir al agro desde las políticas estatales de investigación y extensión rural, y por otro lado, de qué forma la privatización de conocimientos científicos generados en esos ámbitos se fue volviendo central para la matriz productiva agraria. El tercer momento que toma es a partir del comienzo del boom sojero iniciado en los 90. Uno de los focos de la investigación está puesto en analizar cómo la ciencia empresarial generada desde el Estado operó (y opera) como un insumo fundamental del agronegocio.

–En la segunda parte del libro se centra en los que reciben los daños.

–Efectivamente, se corre la mirada a los propios territorios, a partir de algunas experiencias vigentes de vida y resistencia en localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires que están en el ojo del conflicto. Los testimonios que se replican delineando un mismo rompecabezas de depredación sanitaria, ambiental y desigualdad social.

–¿Cuáles son las prácticas que conllevan esa(s) modalidad(es)? ¿Qué efectos producen esas prácticas?

–La extensión ininterrumpida de la frontera agrícola desde los años setenta ha configurado procesos de éxodo rural forzado, de creación de desigualdad social mediante la extranjerización y concentración de la tierra. En forma sincrónica, con un salto cualitativo a partir de la expansión del monocultivo de soja, Argentina encabeza el ranking de países que más han deforestado y que más plaguicidas utiliza. Eso que las comunidades denominan “agrotóxicos” y que las empresas y algunos ámbitos estatales llaman “fitosanitarios” ha generado la contaminación sistemática de aguas (incluidas las subterráneas de consumo), tierras y cuerpos. Mientras que estos efectos nocivos son socializados en forma compulsiva, las ganancias millonarias son apropiadas por una fracción sumamente concentrada. Si bien las mismas patologías en la población asociadas a las mismas prácticas productivas se repiten a lo largo del país, como se replican los focos de incendios y las agroinundaciones, son presentadas como fenómenos singulares. Una política de la fragmentación que opera mediante una triple operación.

–¿A qué se refiere?

–En primer lugar se disocia nuestro presente del pasado reciente y de los distintos cuestionamientos que ya han impugnado estas formas de producir. Tenemos así un presente que pareciera no tener historia, ni otro futuro posible. En segundo lugar, fragmenta sistemáticamente estas experiencias comunes mediante mecanismos (des)regulatorios y jurídicos que obligan a las poblaciones a generar evidencia científica de los daños sufridos localidad por localidad. Una trampa de la evidencia que no solamente viola el principio precautorio, sino que también obliga a las poblaciones a financiar (como el bingo de Lobos que reconstruye el libro) los estudios que el Estado demanda y al mismo tiempo no genera. En este entramado kafkiano, por ejemplo, los cultivos transgénicos tolerantes a agrotóxicos son aprobados para todo el territorio nacional, pero según en qué localidad habitemos las fumigaciones agrícolas pueden realizarse a 0, 500, o 2500 metros. O, vemos que a pesar de que una localidad, como sucedió en Pergamino, haya demostrado que el agua que consume ya no es potable por la cantidad de plaguicidas que contiene, otra localidad vecina expuesta a la misma situación estructural carece de cualquier instancia de protección. En tercer lugar, encontramos que las transformaciones materiales homogenizan a los territorios fragmentados: aplanan sus paisajes, sus habitantes, sus formas de vida. Dos operaciones, fragmentar y homogenizar, que avanzan en forma simultánea.

–¿Hay un lobby del agronegocio que busca lograr que las leyes les sean favorables?

–Si algo explica que en medio de los incendios forestales más graves de la historia argentina hoy la ley de humedales siga cajoneada es la eficaz articulación del lobby del agronegocio con otros. Por ejemplo, como hemos visto en el Delta del Paraná, con el inmobiliario. El entramado legal y regulatorio/desregulatorio es una pieza clave para analizar los extractivismos en general y el agro en particular. Un entramado que no casualmente fue estructurado en la década del 90 y se ha sostenido como política de Estado.

–¿Se conoce la cifra de enfermos y fallecidos, como consecuencia de la fumigación con agrotóxicos?

–No se conoce. Como tampoco existen datos oficiales de las cantidades utilizadas de agrotóxicos, ni de su presencia en frutas y verduras. Una ausencia sistemática de datos que es la otra cara de la moneda que opera instando a la población que denuncia los daños sanitarios a generar evidencia causal y certera. Para establecer si el agua que consumimos es o no potable, el Código Alimentario Argentino utiliza un listado de moléculas de sustancias en relación a los valores umbrales tolerables de rastros de plaguicidas. En este listado no figuran las sustancias en uso desde hace más de 25 años en el agro argentino: no está el glifosato, ni la atrazina, ni ninguno de los utilizados. Tampoco existen herramientas que den cuenta de los efectos por exposición crónica y a bajas dosis, ni del efecto de la mezcla de estos plaguicidas, a pesar de que son usados en “cócteles” (combinadas entre sí) y de que existen relevantes investigaciones como las del equipo del Dr. Lajmanovich (UNL) que demuestran su efecto sinérgico. Esa articulación entre anomia y norma también es clave para la vigencia de esta matriz productiva.

–¿Los transgénicos o OGM son más peligrosos que el glifosato?

–La pregunta podría ser, ¿cuántos cultivos transgénicos han sido aprobados en nuestro país y cuáles de ellos fueron específicamente diseñados para ser tolerantes a plaguicidas (en su mayoría, a herbicidas como el glifosato)? Desde la soja RR (1996) a la actualidad se autorizaron 65 variedades comerciales de transgénicos. Más del 80 por ciento son tolerantes a plaguicidas. Es la norma, no la excepción. Este uso intensivo continúa profundizando la depredación sanitaria. Mientras tanto, las promesas de desarrollo permanecen ausentes. La alternativa infernal traída al campo argentino es la falsa encrucijada que se nos construye cuando tenemos que elegir entre intensificar esta matriz productiva o quedarnos sin PBI. Cuando en realidad esa crisis ya nos habita y está generada precisamente por estos patrones de acumulación, por la generación constante de falsas soluciones para salir del extractivismo con más extractivismo, que nos vuelven más dependientes y más depredados al mismo tiempo.

–¿El permiso dado días atrás para la siembra y comercialización masiva del HB4 es el primero que se da en el mundo entero? ¿Cuál es la política en el resto del mundo con respecto a este transgénico?

–La aprobación del trigo transgénico HB4, resistente a sequía y tolerante a glufosinato de amonio, un herbicida 15 veces más tóxico que el más famoso glifosato, es la primera a nivel mundial. Es un excelente ejemplo para ver cómo las viejas promesas de la “revolución verde” (terminar con el hambre y alcanzar el “desarrollo”) se reeditan hoy, con el agregado de la promesa de sustentabilidad que tan eficazmente ha incorporado el capitalismo. La propia cadena triguera manifestó su rechazo, porque existen fuertes restricciones (por ejemplo en la UE) para su comercialización. Por fuera de esta preocupación centrada en la rentabilidad, es la capacidad de decidir cómo queremos que sea nuestro futuro inmediato la que está en juego. Por su carácter experimental, y fundamentalmente por lo que implica reforzar esta matriz productiva intensiva en agrotóxicos, a pesar de que ya saltado totas las alertas. Es decir, se trata de un nuevo experimento a cielo abierto con el agravante de que 26 años después de iniciada la sojización los daños están a la vista y vienen siendo expuestos por las poblaciones afectadas, por la agricultura familiar y campesina que produce alimentos sanos, por una gran cantidad de estudios científicos (más de 1400 científicos/as adhirieron al documento del Colectivo Trigo Limpio) y por una demanda colectiva que ha expresado su rechazo y que no tiene voz ni voto en ninguna instancia oficial.

–¿El HB4 es de origen argentino? ¿Qué laboratorio lo generó?

–Fue obtenido por investigadoras e investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en convenio con Bioceres mediante INDEAR S. A., empresa del Grupo argentino Bioceres, que en convenio con Conicet funciona en el Instituto Nacional de Agrobiotecnología con sede en el predio del CCT del Conicet en Rosario y es responsable de seis variedades de cultivos transgénicos, cinco de ellos tolerantes a herbicidas (glifosato y glufosinato de amonio). Uno de sus socios es Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo. El financiamiento estatal, la participación de capitales nacionales y el potencial ingreso de divisas son los pilares para conceptualizar al evento como un “desarrollo nacional”. Una suerte de teoría del derrame aplicada al ámbito tecnocientífico, que nunca llega. En la que pareciera que si despejamos de la ecuación a las grandes transnacionales, que lejos están de ser marginales, los riesgos ambientales, sanitarios y territoriales desaparecen.

–¿Qué alternativas hay al modelo que llama “agricultura neoliberal” y al extractivismo minero?

–Los extractivismos no tienen licencia social. Lo vimos en Chubut, en Mendoza, en Mar del Plata, antes en Malvinas Argentinas. Ese reclamo, a medida que crece y se fortalece desafiando a estas políticas de la fragmentación recuperando desde abajo lo que es escindido desde arriba, es construido como una movilización “extranjerizante”, “elitista”, “de panzas llenas”, o bien es reprimido, como vimos en Andalgalá. Sin embargo es un movimiento que tiene la capacidad de cuestionar la mercantilización de nuestras existencias y territorios vitales produciendo reapropiaciones de lo común. En eso radica su potencia. Tanto desde experiencias que impulsan la agroecología, como desde aquellas que cuestionan otros circuitos de producción o consumo también se están disputando las escalas de intervención, de habitar, de producir. A eso intenta aportar este libro, al ejercicio de desnaturalizar, repolitizar y reunir.

¿Por qué Cecilia Gárgano?

Egresada de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctora en Historia por dicha Universidad, desde 2017 se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Profesora adjunta de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), donde coordina el Programa de Investigación radicado en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH – Unsam – Conicet) “Conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino”, junto a su amigo y colega Agustín Piaz. Es parte de distintos espacios colectivos que buscan producir conocimiento crítico al servicio del cambio social.

Imagen de portada: Cecilia Gárgano por Guadalupe Lombardo

FUENTE RESPONSABLE: Página 12. Argentina. Por Horacio Bernardes. 28 de junio 2022.

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