En lo personal; esta noticia da verguenza propia y ajena, demostrando la inacción de los Organismos del Estado Argentino, frente a quienes se encuentran en una situación de extrema pobreza en el norte del país y los reiterados negociados entre algunos funcionarios corruptos con los mercaderes en la trata de personas. Indignante y reprobable, en donde lo federal pasa a último plano, debiendo intervenir las mas máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y concurrentes del Gobierno Nacional por sobre la autonomía del provincial.

La mayoría de la familia está indocumentada

Se trata de una familia del paraje victoriano Pozo El Toro, que estaba trabajando en una finca del departamento San Martín. 

Una beba trasladada a Salta en grave estado de salud y dos niñas que quedaron alojadas en una institución estatal, es el resumen de una denuncia que hizo una pareja de personas del Pueblo Wichí con la ayuda del Modesto Rojas, referente originario de Tartagal.

Ni las tres nenas, ni el padre, ni la madre tienen documentos de identidad. Esto pese a que, según pudo constatar Salta/12 en organismos del Poder Ejecutivo y el Judicial, el Estado ya venía interviniendo en relación una cuarta hija adolescente que es madre y que había estado institucionalizada por presentar una situación de extrema vulnerabilidad. “Es la única que tiene un DNI junto a su hijo”, indicaron las fuentes.

La familia es oriunda de Pozo El Toro, paraje ubicado a 40 kilómetros del pueblo de Santa Victoria Este, municipio de Rivadavia, el segundo departamento más pobre de Argentina y que alberga la mayoría de las comunidades originarias.

Según contó Rojas a Salta/12, la familia  (cuyos datos serán resguardados para poder proteger la identidad de las hijas), llegó hace unas dos semanas a Tartagal desde Puesto La Línea, cercano a la comunidad El Traslado en la jurisdicción del municipio de General Ballivián, en el departamento San Martín. 

El matrimonio habría estado trabajando en el corte de madera y de postes. Pero ante la situación de su beba (de entre 9 y 12 meses), que presentaba signos de malestar en su salud, el finquero a cargo los habría llevado en la camioneta hasta Tartagal.

La beba terminó internada en el Hospital Juan Domingo Perón, en donde no permitieron que su padre y su madre la vieran, dijo Rojas. “Ellos quedaron fuera del hospital horas y horas”, contó.

El referente wichí sostuvo que el martes último llamaron agentes de la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia preguntando sobre la situación de la familia. En ese momento, buscaban dar con la madre porque la beba debía ser trasladada a Salta Capital ante su situación de salud que, según organismos estatales, era de extrema gravedad, al punto que el traslado fue en avión sanitario por presentar un grado de desnutrición muy elevado.

La institucionalización

“En idioma les avisé que los estaban necesitando”, contó Rojas. La madre fue con sus dos niñas “de 9 y capaz 6 años, (según) ellos calculan, porque como están indocumentados”, relató el referente. 

Dijo que cerca de las 11.30 le dijeron que pasara a la guardia para ver a su beba pero que las niñas debían quedarse afuera. “Pero la madre salió y ya no estaban”, sostuvo Rojas.

“No se institucionaliza de buenas a primeras”, dijeron a Salta/12 fuentes que actuaron en el caso. Afirmaron que la madre no quería viajar a Salta con la beba, por temor de dejar solas a sus niñas con el padre. 

Añadieron que el matrimonio tendría problemas de adicciones con el alcohol y que para internar a la beba tuvieron que “actuar con la fuerza pública”. No obstante, no se pudo conocer en detalle cómo fue el procedimiento. Rojas dijo que supo del hecho por lo que le comentaron los padres “en idioma”. El referente sostuvo que faltó información. 

Según pudo establecer Salta/12, en la familia habría al menos dos hermanas más grandes. Una de ellas, de 15 años y que es madre de un bebé, es la que se encontraba en situación de vulnerabilidad (que ocurrió cuando estaba sin sus padres), por lo cual fue ingresada al sistema y obtuvo su DNI, al igual que su bebé. Pero en ese momento no vivía con su madre. “Llevó meses poder acceder a la madre, saber dónde vivía, y son comunidades tan aisladas que cada vez que ven gente de los organismos se escapan. Es imposible hablar con ellos”, indicaron las fuentes oficiales.

Añadieron que la internación de la beba trasladada a Salta Capital tuvo que hacerse con la fuerza pública tras el alerta del sistema de Atención Primaria de la Salud (APS). Las fuentes afirmaron que hubo “ausencias prolongadas” de la madre y el padre para ver a la criatura internada. La versión se contrapone con la de Rojas, quien afirmó que el problema fue que no los dejaban ingresar.

Las fuentes reconocieron que se dispuso la prohibición de acercamiento. Pero ante el pedido de los especialistas de que la madre viajara con la beba a Salta Capital, se gestionó el levantamiento de la restricción. “Pero ella (por la madre), no quiso ir” y “no la podemos obligar”, afirmaron. 

Rojas, por su parte, contó que una vez que se dieron con la ausencia de sus hijas, el matrimonio “vino a verme llorando, preguntando afligidos, porque pensaban que les mataban a sus hijos”.

El escape “no es instintivo” 

Frente a las miradas lineales que cargan sobre las familias originarias su destino y la muerte de sus hijos, la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Norma Naharro entendió que es importante “no ir solamente a lo puntual y buscar responsabilidades personales y acusaciones judiciales que es lo que hace el Estado. Sino entender el contexto histórico y social”.

“Pozo el Toro es una comunidad muy chiquita en medio del monte. De 30 familias en condiciones de muchísima precariedad y el mismo hecho de que estén indocumentados habla de que su contacto con el Estado es negativo”, sostuvo la especialista.

Recordó que la figura recurrente que surge de los relatos de agentes estatales que intervienen en los territorios, es que la gente ve la camioneta de la Policía y sale al monte a esconderse. “No es porque son animales que se asustan por el ruido del motor. Tiene una historia y la llegada de la Policía tiene consecuencias negativas y entonces se alejan”, dijo. Y entendió que la representación del relato oficial estigmatiza y fortalece ideas racistas “de que la gente de los pueblos wichí son personas irracionales con las que no se puede tratar y con la cual el Estado no puede hacer más nada que meterlos presos”.

“Cada vez que los funcionarios apelan a esa figura les pregunto ‘¿Y no sabés por qué corren?’». El escapar, añadió “no es instintivo, sino producto de una historia social que está inscripta en esos cuerpos”.

La violación de derechos, sea por acción u omisión del Estado, también se extiende al hecho de que al ser una familia indocumentada, no recibe las prestaciones sociales. “Viven vendiendo su fuerza de trabajo para el corte de postes y actividades de desmontes en situaciones de explotación extrema”, señaló Naharro. 

En cuanto a las explicaciones estatales sobre el consumo de alcohol indicó “el consumo problemático es otro de los motivos que justifica la represión y criminalización”.

Al analizar el relato de Rojas, Naharro entendió que “se ven violaciones de derechos una tras otra”. Entre ellas, que la beba haya ingresado o sido trasladada sin su madre, la aparente falta de intérpretes, pese a que la Ley de Salud Intercultural existe pero no tiene reglamentación, la falta de acceso al DNI, la explotación laboral, e incluso la precariedad para acceder al agua.

“Entiendo que el pozo de agua de esa comunidad (Pozo El Toro) es con energía eléctrica y para tener necesitan un generador que funciona con combustible. O sea que además tienen que comprar combustible”, describió la especialista. De hecho, hace un par de meses, la comunidad de la zona tomó la escuela reclamando la excavación de un nuevo pozo de agua.

Todo esto, concluyó Naharro, ocurre en una zona donde existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exige “al Estado que se haga cargo de estas situaciones que son históricas de explotación de opresión y a las que el Estado no da respuestas”. 

Imagen de portada: Gentileza Página 12.

FUENTE RESPONSABLE: Página 12. Por Laura Urbano. 7 de octubre 2022.

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